Las comunidades autónomas iniciarán el próximo mes de junio la acreditación de competencias profesionales
20/04/2011
El Gobierno ha destinado 59 millones de euros a este procedimiento, para dinamizar el empleo en sectores clave de la economía
Los ministros de Educación, Ángel Gabilondo, y de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, detallaron el pasado jueves 14 de abril cómo se desarrollará la acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación (Programa Acredita). El Gobierno ha destinado 59 millones de euros a esta medida, y serán las comunidades autónomas quienes comiencen a realizar las convocatorias pertinentes para ponerla en marcha a partir de junio.
Las comunidades autónomas fijarán su propio calendario de convocatorias en función del número de participantes, unidades de competencia susceptibles de acreditar y otros elementos, como los medios materiales y humanos disponibles. Una Comisión Interministerial, creada por el Ministerio de Educación y el de Trabajo e Inmigración, dispondrá de toda la información sobre los procedimientos realizados en cada comunidad y garantizará que se cumplen los principios previstos.
En la primera convocatoria que realicen las comunidades se incentivará prioritariamente la acreditación de los perfiles profesionales relacionados con la Educación Infantil y con la puesta en funcionamiento de la Ley de Dependencia, al ser considerados sectores estratégicos. Se ha decidido priorizar también perfiles relacionados con la Hostelería y el Turismo, así como con la Reparación y Mantenimiento de vehículos.
Se estima que este procedimiento puede beneficiar a cerca de 60.000 personas en el conjunto de España. El 75% de ellas (45.000) corresponderán a los perfiles profesionales de los cuatro sectores mencionados, mientras el 25% restante (15.000 personas) será determinado por cada comunidad autónoma, en función de sus necesidades.
Cómo funciona la acreditación
El procedimiento es el siguiente: las comunidades autónomas lanzan una convocatoria sobre la posibilidad de acreditar unas competencias profesionales determinadas, la persona interesada se inscribe, un asesor le ayuda a preparar la documentación necesaria y le aconseja sobre las competencias que podría acreditar, a continuación se desarrolla la fase de evaluación. Una comisión de evaluación hace las comprobaciones necesarias para determinar si existe suficiente evidencia de que el candidato tiene adquiridas las competencias profesionales y decide, en su caso, el tipo de prueba que se le debe proponer, en función de sus características y la competencia a evaluar. Finalmente, la comisión de evaluación propone la expedición de la acreditación de cada una de las unidades de competencia que la persona haya superado.
Los participantes verán acreditadas 'unidades de competencia' incluidas en Títulos de Formación Profesional y/o Certificados de Profesionalidad. Este certificado es una acreditación oficial emitida por la administración laboral competente que demuestra la capacitación para desarrollar una actividad laboral con significación para el empleo.
Al finalizar el procedimiento, la comisión de evaluación pertinente les indicará la formación complementaria que tienen que cursar para poder obtener el Título de Formación Profesional o el Certificado de Profesionalidad.
Para participar en el procedimiento de acreditación de competencias será necesario tener la nacionalidad española, certificado de residente comunitario o tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea, o ser titular de una autorización de residencia y trabajo en España en vigor. Además, en función del nivel de las unidades de competencia que quieran acreditarse deberán cumplirse otros requisitos relativos a edad, formación y/o experiencia profesional, que se especificarán en cada convocatorias.
Los candidatos tendrán que demostrar experiencia laboral o formación, pero aquellos mayores de 25 años que no puedan justificar ninguno de los dos aspectos pueden inscribirse provisionalmente. En este caso, los asesores emitirán informes sobre la procedencia o no de la participación de aspirante en el proceso.
Financiación
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo e Inmigración, ha invertido hasta la fecha 59 millones de euros para poner en marcha el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral.
De estos 59 millones de euros, 35 millones se han invertido en la formación de asesores, evaluadores y orientadores, en la elaboración de todos los instrumentos de apoyo, en los materiales para la oferta de Formación Profesional a distancia, en la difusión del procedimiento y en los portales para la información y orientación de los participantes. Los restantes 24 millones de euros se van a transferir a las comunidades autónomas para financiar sus procesos de evaluación. Los criterios de distribución a las comunidades, que aprobará próximamente el Consejo de Ministros, se han establecido atendiendo a la población susceptible de concurrir a este procedimiento en cada comunidad autónoma.
La acreditación de competencias profesionales era una decisión contemplada en la hoja de ruta para la modernización de la Formación Profesional que impulsan de forma conjunta los Ministerios de Educación y de Trabajo e Inmigración.
Tanto Ángel Gabilondo como Valeriano Gómez han subrayado que este proceso de acreditación contribuye al desarrollo profesional del candidato, ya que le permite contar con un documento oficial con el que va a poder demostrar que disponen de las competencias requeridas para el puesto de trabajo al que opta. Por otra parte, incentivará a las personas a completar su formación para obtener un título que sentirán más cercano. En definitiva, mejorarán las oportunidades laborales de muchos trabajadores y se facilitará su movilidad.
Más información
En el portal TodoFP y en la Redtrabaj@ del Servicio Público de Empleo Estatal se ofrece más información sobre la acreditación de competencias, así como cuestionarios de autoevaluación para que las personas interesadas identifiquen si reúnen o no los conocimientos y capacidades exigidos.
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración.